Escuelas universitarias: un ejemplo para el Estado

Escuelas universitarias: un ejemplo para el Estado

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La Jornada/Editorial

070216.

El pasado fin de semana se inauguró en Xocén, municipio de Valladolid, Yucatán, una escuela normal intercultural bilingüe, la primera de las ocho financiadas por aportaciones de dirigentes, legisladores y funcionarios electos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Próximamente abrirán sus puertas los otros siete planteles en Calkiní, Campeche (ingenierías agrícola y agrónoma), y Comalcalco, Tabasco (derecho), así como en las delegaciones capitalinas de Azcapotzalco (contabilidad y administración pública), Cuauhtémoc (derecho), Tláhuac (ingenierías civil y en computación), Tlalpan (medicina integral y salud comunitaria) y Xochimilco (normal de educación básica).

Como se recordará, tras las elecciones de junio del año pasado, Morena anunció la intención de sus dirigentes, legisladores y funcionarios electos de donar cerca de la mitad de ingresos para fundar y sostener planteles de educación superior gratuita que aliviaran la demanda de jóvenes que no encuentran lugar en ninguna universidad pública y que representan cerca de 80 por ciento de los aspirantes.

El financiamiento de los planteles opera por medio de un fideicomiso independiente de ese partido político, sujeto a las normas fiscales vigentes. En relación con los programas y planes de estudio, se procederá a tramitar ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) las autorizaciones (en el caso de las normales) y los registros y reconocimientos de validez oficial.

Con independencia de las filias y las fobias generadas por el instituto político referido, debe reconocerse que su programa de fundación de planteles magisteriales y universitarios es un hecho histórico, en un contexto nacional en el cual la educación en general, y la normalista y la universitaria en particular, enfrentan una ofensiva presupuestal, mediática y política, emanada de los centros ideológicos de la empresa privada, el gobierno federal y diversos ejecutivos estatales.

Ciertamente, la obsesión de reducir la educación pública a su mínima expresión y convertir a sus alumnados en clientelas de enseñanza privatizada viene de sexenios anteriores, de la mano del modelo neoliberal que empezó a imponerse abiertamente en el país a partir de 1988, pero que caracteriza al actual grupo gobernante y que en la actual administración se ha recrudecido.

Por ejemplo, la reciente reforma educativa más las modificaciones legales proyectadas por la SEP no sólo constituyen una negación de diversos derechos laborales del magisterio, sino que propicia que el Estado se desentienda de su obligación constitucional de impartir, organizar y financiar la educación pública gratuita y obligatoria. 

Otro hecho contrastante es la persistente hostilidad de los gobernadores de Morelos y Veracruz, Graco Ramírez y Javier Duarte, contra las universidades públicas de ambas entidades, lo que ha llevado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a encabezar movilizaciones de protesta en el zócalo de Cuernavaca, y a la Universidad Veracruzana (UV), a demandar judicialmente al ejecutivo local por su negativa a entregarle los recursos que le adeuda.

Las normales públicas han estado en la mira del poder político desde hace varios sexenios; de hecho, en las pasadas cinco presidencias fueron reducidas a la mitad. El cierre de varios establecimientos se ha llevado a cabo con injustificable violencia represiva; esa hostilidad es elemento innegable del contexto político en que tuvo lugar la agresión sufrida por los alumnos de Ayotzinapa en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

En tales circunstancias, en suma, la fundación de nuevos centros de enseñanza normal y superior constituye un factor de quiebre en las tendencias dominantes hasta ahora, dato inspirador para centenares de miles de jóvenes que se ven marginados de la educación pública y un ejemplo que debiera ser imitado por los tres niveles de gobierno y las diversas instituciones del Estado.

Es claro que el país no logrará los ritmos y los grados de desarrollo que requiere, no podrá superar sus rezagos sociales ni conseguirá desactivar el poderío de la delincuencia organizada si no emprende un esfuerzo serio y sostenido para llevar a las aulas a una generación que hoy se encuentra mayoritariamente expulsada de la educación y de la economía.

Cabe esperar, finalmente, que las autoridades educativas y administrativas, lejos de poner trabas a las escuelas universitarias que ahora abren sus puertas, faciliten su tarea y colaboren en el empeño.

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Nota mía: Respetuosamente me permití modificar levemente la estructura de la nota editorial de La Jornada, con la exclusiva finalidad de facilitar su lectura en el formato de Odiseo. Alfredo Macías Narro.

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