Trabajadores de la educación

El modelo mercantil en la escuela española

Adrián J. Bustos*
Artículo publicado en: Diagonal Blogs de Diagonal Periódico
15 febrero 2015
 

Trasas la aprobación de la polémica LOMCE, la ley empieza a implantarse este año en los cursos impares de la Educación Primaria. Los lectores ya sabrán que los recortes en educación y el incremento de las pruebas de conocimiento y evaluaciones estandarizadas en diferentes etapas de la educación obligatoria, que tanto rechazo han generado en la comunidad educativa, son la tendencia actual en esta materia.

Lo que quizá no sepan es que esta tendencia política no es nueva. A veces es necesario buscar el faro por el que se guían determinados gobiernos para comprender mejor hacia donde nos dirigimos. El gobierno central, y en concreto el gobierno de la Comunidad de Madrid como laboratorio de experimentos neoliberales que replicarse en el resto del Estado, tienen la mirada fija en un objetivo: Estados Unidos.
Según el pedagogo crítico Peter McLaren[1], el ataque a la educación pública de George W. Bush se basó también en estos dos elementos: reducir el gasto público en educación e incrementar el gasto en exámenes estandarizados.

Ayotzinapa, crimen de Estado

Imanol Ordorika/Adolfo Gilly
Publicado en La Jornada,
6 de octubre de 2014
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/06/politica/007a1pol?
 
La desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de Estado, cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de tres estudiantes y cuatro ciudadanos y la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las Escuelas Normales Rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas.

Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se produjeron con la complicidad activa del gobierno municipal encabezado por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con indignación las explicaciones del gobernador y sus colaboradores, a quienes consideran responsables y cómplices de los ejecutores de este crimen.

Páginas

Suscribirse a RSS - Trabajadores de la educación